LA PAZ.- La marcha atrás en la noche de Año Nuevo en un draconiano aumento del precio de los combustibles en Bolivia es percibida como una derrota política del presidente Evo Morales y los platos rotos podrían pagarlos algunos de sus ministros. Morales firmó un decreto hace 9 días para subir los carburantes hasta en 83%, el más alto de la historia, y 5 días después tuvo que derogarlo tras violentas protestas sociales en sus bastiones electorales, como las ciudades de La Paz y su vecina El Alto y Cochabamba, que se saldaron con 15 heridos y 21 detenidos. Un proceso inflacionario activó las protestas aunque tras la anulación de la norma los precios de los alimentos comenzaron a estabilizarse lentamente. En otra muestra de incertidumbre, el gobierno señaló que sí subiría el precio de los combustibles pero esta vez "en consulta con el pueblo", según dijo el vicepresidente Alvaro García Linera. Las críticas a la labor de varios ministros del presidente Morales afloraron ayer, tras las primeras evaluaciones de lo que ocurrió en la última semana.

"Hubo un mal asesoramiento de parte de algunos ministros, su Gabinete le falló al presidente", afirmó la investigadora Helena Argirakis, quien resaltó la equivocación que supuso hacer ese anuncio el día después de Navidad y sin calcular la reacción popular. La Central Obrera Boliviana, aliada del Gobierno, pero que se movilizó contra el "gasolinazo", propuso priorizar la generación de empleos y discutir el monto de una futura suba salarial. La Confederación de Empresarios de Bolivia pidió la renuncia del ministro de Economía, Luis Arce, reclamo que se sumaron otros sectores sociales. (Télam)